El veto presidencial que despertó al movimiento estudiantil y la lucha de las universidades continúa en todo el paísDesde principios de año la comunidad universitaria se mantiene en alerta ante las promesas del gobierno libertario y su discurso estigmatizante del sistema público. La lucha se profundizó luego del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, oportunamente apoyado por Diputados. Los reclamos centrales apuntan al aumento presupuestario, la recomposición salarial y la defensa del sistema científico-tecnológico nacional. Frente a la incertidumbre y la falta de respuestas, estudiantes, docentes y no docentes se preparan para la tercera Marcha Federal Universitaria.
Sigue la lucha
El pasado miércoles 30 los sindicatos docentes y no docentes convocaron nuevamente a un paro de 24 horas, sumándose a la medida anunciada por los gremios de transporte y en línea con las acciones de lucha planteadas desde el inicio del segundo cuatrimestre, que han sido acompañadas por otras actividades de visibilización como clases públicas, radios abiertas y festivales artísticos.
En conferencia de prensa, remarcaron que en lo que va del gobierno de Milei perdieron el 30% del salario en términos reales y sufren un atraso de más de 60 puntos respecto de la inflación. Y denunciaron, en este marco, que el gobierno no da respuesta al reclamo de las paritarias: "El funcionariado del gobierno no ha cesado de boicotear la institución paritaria, agraviando sindicatos que representan a quienes trabajamos en la universidad pública, delegarse a atender el pliego de reivindicaciones y de infundir mentiras para intentar confundir a la ciudadanía que apoya nuestra causa".
En la última reunión salarial, el Gobierno ofreció un aumento del 6,8% que fue rechazado por los gremios al considerarse insuficiente, ya que incluso con esa cifra la mayoría de los salarios continuarían por debajo de la línea de pobreza.
Otro de los reclamos centrales de la jornada fue la ratificación del repudio a los legisladores que apoyaron el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
"Apoyamos los reclamos presupuestarios del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y exigimos que el Congreso, en el presupuesto 2025, apruebe una partida especial para las universidades públicas de dos billones de pesos para la paritaria universitaria que permita recuperar lo perdido en el 2024", expresaron, al tiempo que indicaron que "se continuará insistiendo por la recomposición y la recuperación del 60 por ciento del poder adquisitivo".
Cabe recordar que el proyecto del CIN -que nuclea y sintetiza en un proyecto único las partidas requeridas por cada universidad nacional- contemplaba un presupuesto para el 2025 de 7,2 billones de pesos. El número propuesto por el Gobierno nacional dentro del Presupuesto 2025 es de apenas 3,8 billones, por lo que, de aprobarse, el sistema universitario nacional enfrentaría grandes problemas presupuestarios el próximo año. Un escenario similar se vivió durante el primer cuatrimestre, con el presupuesto 2023 prorrogado y una inflación acumulada cercana al 300% que amenazaba con impedir la continuidad del desarrollo universitario.
Ver: Repudio y organización estudiantil contra el ajuste libertario en las universidades públicas
Después de la primera Marcha Federal Universitaria, el Gobierno envió un aumento de las partidas del 270%, lo que permitió la continuidad de las actividades, aunque no resolvió de fondo el problema presupuestario ni la falta de respuesta ante las paritarias salariales.
Por último, durante la conferencia de prensa los gremios expresaron su solidaridad con "todos los sindicatos y sectores de trabajadores que se encuentran en lucha, entre ellos, los de Aerolíneas Argentinas, de AFIP, de la cultura, del transporte, de los hospitales públicos y los movimientos sociales". "Este Gobierno los persiguió por cuestiones ideológicas al punto de retener la comida que debía ser destinada a comedores hasta que llegó a pudrirse", remarcaron.
El reclamo del CIN
El 29 de octubre, tras una reunión desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires, el CIN volvió a emitir un comunicado manifestado la preocupación por la situación actual de las universidades y reivindicando los reclamos que sostiene desde principios de año.
En principio, exigieron "con urgencia" que el presupuesto 2025 tome como parámetro el número presentado por el CIN para "permitirnos contar con una herramienta que dé previsibilidad a la gestión del sistema universitario, garantizando un plan de recomposición y recuperación salarial y la continuidad de los programas de asistencia a estudiantes, el funcionamiento de los espacios de formación, de producción científica y tecnológica y el desarrollo de líneas de extensión".
Considerando las ofensivas discursivas del gobierno nacional, relacionadas a distintas ideas que luego fueron desmentidas por las autoridades universitarias, instaron a que "no se generen noticias falsas para desviar la atención sobre el verdadero inconveniente que atraviesa la educación universitaria pública en nuestro país, que es su desfinanciamiento, con particular dramatismo en materia salarial. Pedimos al gobierno nacional racionalidad y respeto, el mismo que ha tenido el sistema universitario hasta aquí a pesar de tanta desconsideración y destrato".
La idea de que los pobres no llegan a las universidades, la ausencia de controles de gastos o los estudiantes inventados son algunos de los argumentos esgrimidos por el círculo de Milei que han sido constantemente confrontados por los distintos organismos universitarios.
El debate por las auditorías
En este escenario, el Poder Ejecutivo reafirmó su voluntad de avanzar con las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), iniciativa rechazada por la UBA al considerar que Milei busca "intervenir en las universidades públicas" con el objetivo de "controlar lo que se enseña y aprende". De esta forma la discusión por las auditorías volvió a estar en el centro del debate.
La entidad informó que realizará una convocatoria nacional e internacional para que todos los profesionales independientes "realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno", enfatizando que no se han negado a las auditorías, sino a que éstas sean realizadas por la SIGEN y no por la AGN (Auditoría General de la Nación).
En la misma línea, el comunicado del CIN se expresó al respecto: "Frente a acusaciones infundadas y sistemáticas campañas de hostigamiento, reiteramos que no hay ente público más controlado que el sistema universitario y que este Consejo considera siempre oportuno y responsable que así sea".
El Consejo ratificó que el organismo legalmente competente para realizar las auditorías en las universidades nacionales de la AGN, lo cual está establecido en la Ley de Educación Superior. Y si bien ya ha realizado auditorías en las universidades, su trabajo presenta algunos años de rezago.
El punto central de la discusión es que el trabajo de este organismo depende de una Comisión Parlamentaria Mixta que aprueba dónde serán las auditorías, compuesta por 6 senadores y 6 diputados. Actualmente los cargos de representantes del Senado están vacantes, pero de ser ocupados deberán aprobar el Programa de Acción Anual 2025 donde se detallan los organismos que se auditarán, entre ellos la Facultad de Medicina de la UBA y las universidades de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, el Nordeste, Cuyo, Tierra del Fuego, Patagonia, Chilecito y Avellaneda.
La SIGEN, en cambio, depende del Presidente y fue limitada en 2022 para intervenir en el control de las universidades públicas a partir de un dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannin, decisión que fue revertida por el actual procurador Rodolfo Barra.
Tanto Milei como su círculo han insistido en la supuesta corrupción de las casas de estudio, impulsando así la intervención de la SIGEN. En su discurso en la presentación del Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), el Presidente expresó: "Si no quieren ser auditados deben ser porque están sucios por lo tanto señores dejen de engañar a los argentinos y díganles la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros".
El comunicado del CIN subraya: "Las universidades nacionales siempre fueron auditadas y rinden cuentas mensualmente del ejercicio de su presupuesto. Enfatizamos nuestra vocación de trabajar con todos los organismos que aporten a la transparencia del uso de los recursos públicos, incluida la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), pero siempre en el marco del respeto de la autonomía y la autarquía que la Constitución nacional garantiza al sistema y a cada universidad, para establecer las estrategias que se consideren más efectivas para hacer eficientes los procesos y la ejecución del presupuesto. Rechazamos cualquier intento de intervención del Poder Ejecutivo en el ámbito universitario público nacional".
Mediante un comunicado de la propia SIGEN, el gobierno argumentó que "no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de SIGEN en ámbito de las universidades nacionales".
"Cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos", agrega. Y para ello cita el ejemplo de lo sucedido en la Universidad del Chaco Austral, cuyo rector Omar Judis fue condenado por el Tribunal Oral de Resistencia en una causa que implicaba defraudación contra la administración pública.
Los fondos universitarios también fueron triangulados con fundaciones creadas por las autoridades de la Universidad, para que se pierda el rastro de su traspaso. Se generaron gastos inexistentes, o erogaciones orientadas a sostener la militancia o financiar campañas políticas. Se contrataron una gran cantidad de empleados "ñoquis", que no guardaba proporción con la cantidad de alumnos.
"En síntesis, la falta de control de la aplicación de los significativos fondos públicos que el Estado nacional destina a las universidades nacionales posibilita que esos recursos sean utilizados con fines distintos a aquellos para los que fueron asignados", resume el comunicado.
Las universidades públicas, sin embargo, ocupan puestos significativos en el último ranking de transparencia elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública, como la Universidad Nacional de San Martín (2º), Universidad Nacional de Lanús (3º), Universidad Nacional de Quilmes (5º), Universidad Nacional de La Plata (28º), Universidad Nacional de Mar del Plata (33º), Universidad Nacional del Delta (38º) y la Universidad Nacional de Misiones (40º).
La situación, sin embargo, no parece mejorar, de cara a los últimos meses del cuatrimestre y a un 2025 que podría resultar especialmente arduo de aprobarse el proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo. Mientras tanto, el pasado sábado 26 de octubre la Asamblea Interfacultades -de la cual participaron estudiantes y agrupaciones de la UTN y la UNA- convocaron a una tercera marcha para el próximo 12 de noviembre, una medida que deberá ser debatida por universidades de todo el país.
Desde principios de año la comunidad universitaria se mantiene en alerta ante las promesas del gobierno libertario y su discurso estigmatizante del sistema público. La lucha se profundizó luego del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, oportunamente apoyado por Diputados. Los reclamos centrales apuntan al aumento presupuestario, la recomposición salarial y la defensa del sistema científico-tecnológico nacional. Frente a la incertidumbre y la falta de respuestas, estudiantes, docentes y no docentes se preparan para la tercera Marcha Federal Universitaria.
Sigue la lucha
El pasado miércoles 30 los sindicatos docentes y no docentes convocaron nuevamente a un paro de 24 horas, sumándose a la medida anunciada por los gremios de transporte y en línea con las acciones de lucha planteadas desde el inicio del segundo cuatrimestre, que han sido acompañadas por otras actividades de visibilización como clases públicas, radios abiertas y festivales artísticos.
En conferencia de prensa, remarcaron que en lo que va del gobierno de Milei perdieron el 30% del salario en términos reales y sufren un atraso de más de 60 puntos respecto de la inflación. Y denunciaron, en este marco, que el gobierno no da respuesta al reclamo de las paritarias: "El funcionariado del gobierno no ha cesado de boicotear la institución paritaria, agraviando sindicatos que representan a quienes trabajamos en la universidad pública, delegarse a atender el pliego de reivindicaciones y de infundir mentiras para intentar confundir a la ciudadanía que apoya nuestra causa".
En la última reunión salarial, el Gobierno ofreció un aumento del 6,8% que fue rechazado por los gremios al considerarse insuficiente, ya que incluso con esa cifra la mayoría de los salarios continuarían por debajo de la línea de pobreza.
Otro de los reclamos centrales de la jornada fue la ratificación del repudio a los legisladores que apoyaron el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
"Apoyamos los reclamos presupuestarios del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y exigimos que el Congreso, en el presupuesto 2025, apruebe una partida especial para las universidades públicas de dos billones de pesos para la paritaria universitaria que permita recuperar lo perdido en el 2024", expresaron, al tiempo que indicaron que "se continuará insistiendo por la recomposición y la recuperación del 60 por ciento del poder adquisitivo".
Cabe recordar que el proyecto del CIN -que nuclea y sintetiza en un proyecto único las partidas requeridas por cada universidad nacional- contemplaba un presupuesto para el 2025 de 7,2 billones de pesos. El número propuesto por el Gobierno nacional dentro del Presupuesto 2025 es de apenas 3,8 billones, por lo que, de aprobarse, el sistema universitario nacional enfrentaría grandes problemas presupuestarios el próximo año. Un escenario similar se vivió durante el primer cuatrimestre, con el presupuesto 2023 prorrogado y una inflación acumulada cercana al 300% que amenazaba con impedir la continuidad del desarrollo universitario.
Ver: Repudio y organización estudiantil contra el ajuste libertario en las universidades públicas
Después de la primera Marcha Federal Universitaria, el Gobierno envió un aumento de las partidas del 270%, lo que permitió la continuidad de las actividades, aunque no resolvió de fondo el problema presupuestario ni la falta de respuesta ante las paritarias salariales.
Por último, durante la conferencia de prensa los gremios expresaron su solidaridad con "todos los sindicatos y sectores de trabajadores que se encuentran en lucha, entre ellos, los de Aerolíneas Argentinas, de AFIP, de la cultura, del transporte, de los hospitales públicos y los movimientos sociales". "Este Gobierno los persiguió por cuestiones ideológicas al punto de retener la comida que debía ser destinada a comedores hasta que llegó a pudrirse", remarcaron.
El reclamo del CIN
El 29 de octubre, tras una reunión desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires, el CIN volvió a emitir un comunicado manifestado la preocupación por la situación actual de las universidades y reivindicando los reclamos que sostiene desde principios de año.
En principio, exigieron "con urgencia" que el presupuesto 2025 tome como parámetro el número presentado por el CIN para "permitirnos contar con una herramienta que dé previsibilidad a la gestión del sistema universitario, garantizando un plan de recomposición y recuperación salarial y la continuidad de los programas de asistencia a estudiantes, el funcionamiento de los espacios de formación, de producción científica y tecnológica y el desarrollo de líneas de extensión".
Considerando las ofensivas discursivas del gobierno nacional, relacionadas a distintas ideas que luego fueron desmentidas por las autoridades universitarias, instaron a que "no se generen noticias falsas para desviar la atención sobre el verdadero inconveniente que atraviesa la educación universitaria pública en nuestro país, que es su desfinanciamiento, con particular dramatismo en materia salarial. Pedimos al gobierno nacional racionalidad y respeto, el mismo que ha tenido el sistema universitario hasta aquí a pesar de tanta desconsideración y destrato".
La idea de que los pobres no llegan a las universidades, la ausencia de controles de gastos o los estudiantes inventados son algunos de los argumentos esgrimidos por el círculo de Milei que han sido constantemente confrontados por los distintos organismos universitarios.
El debate por las auditorías
En este escenario, el Poder Ejecutivo reafirmó su voluntad de avanzar con las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), iniciativa rechazada por la UBA al considerar que Milei busca "intervenir en las universidades públicas" con el objetivo de "controlar lo que se enseña y aprende". De esta forma la discusión por las auditorías volvió a estar en el centro del debate.
La entidad informó que realizará una convocatoria nacional e internacional para que todos los profesionales independientes "realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno", enfatizando que no se han negado a las auditorías, sino a que éstas sean realizadas por la SIGEN y no por la AGN (Auditoría General de la Nación).
En la misma línea, el comunicado del CIN se expresó al respecto: "Frente a acusaciones infundadas y sistemáticas campañas de hostigamiento, reiteramos que no hay ente público más controlado que el sistema universitario y que este Consejo considera siempre oportuno y responsable que así sea".
El Consejo ratificó que el organismo legalmente competente para realizar las auditorías en las universidades nacionales de la AGN, lo cual está establecido en la Ley de Educación Superior. Y si bien ya ha realizado auditorías en las universidades, su trabajo presenta algunos años de rezago.
El punto central de la discusión es que el trabajo de este organismo depende de una Comisión Parlamentaria Mixta que aprueba dónde serán las auditorías, compuesta por 6 senadores y 6 diputados. Actualmente los cargos de representantes del Senado están vacantes, pero de ser ocupados deberán aprobar el Programa de Acción Anual 2025 donde se detallan los organismos que se auditarán, entre ellos la Facultad de Medicina de la UBA y las universidades de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, el Nordeste, Cuyo, Tierra del Fuego, Patagonia, Chilecito y Avellaneda.
La SIGEN, en cambio, depende del Presidente y fue limitada en 2022 para intervenir en el control de las universidades públicas a partir de un dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannin, decisión que fue revertida por el actual procurador Rodolfo Barra.
Tanto Milei como su círculo han insistido en la supuesta corrupción de las casas de estudio, impulsando así la intervención de la SIGEN. En su discurso en la presentación del Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), el Presidente expresó: "Si no quieren ser auditados deben ser porque están sucios por lo tanto señores dejen de engañar a los argentinos y díganles la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros".
El comunicado del CIN subraya: "Las universidades nacionales siempre fueron auditadas y rinden cuentas mensualmente del ejercicio de su presupuesto. Enfatizamos nuestra vocación de trabajar con todos los organismos que aporten a la transparencia del uso de los recursos públicos, incluida la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), pero siempre en el marco del respeto de la autonomía y la autarquía que la Constitución nacional garantiza al sistema y a cada universidad, para establecer las estrategias que se consideren más efectivas para hacer eficientes los procesos y la ejecución del presupuesto. Rechazamos cualquier intento de intervención del Poder Ejecutivo en el ámbito universitario público nacional".
Mediante un comunicado de la propia SIGEN, el gobierno argumentó que "no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de SIGEN en ámbito de las universidades nacionales".
"Cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos", agrega. Y para ello cita el ejemplo de lo sucedido en la Universidad del Chaco Austral, cuyo rector Omar Judis fue condenado por el Tribunal Oral de Resistencia en una causa que implicaba defraudación contra la administración pública.
Los fondos universitarios también fueron triangulados con fundaciones creadas por las autoridades de la Universidad, para que se pierda el rastro de su traspaso. Se generaron gastos inexistentes, o erogaciones orientadas a sostener la militancia o financiar campañas políticas. Se contrataron una gran cantidad de empleados "ñoquis", que no guardaba proporción con la cantidad de alumnos.
"En síntesis, la falta de control de la aplicación de los significativos fondos públicos que el Estado nacional destina a las universidades nacionales posibilita que esos recursos sean utilizados con fines distintos a aquellos para los que fueron asignados", resume el comunicado.
Las universidades públicas, sin embargo, ocupan puestos significativos en el último ranking de transparencia elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública, como la Universidad Nacional de San Martín (2º), Universidad Nacional de Lanús (3º), Universidad Nacional de Quilmes (5º), Universidad Nacional de La Plata (28º), Universidad Nacional de Mar del Plata (33º), Universidad Nacional del Delta (38º) y la Universidad Nacional de Misiones (40º).
La situación, sin embargo, no parece mejorar, de cara a los últimos meses del cuatrimestre y a un 2025 que podría resultar especialmente arduo de aprobarse el proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo. Mientras tanto, el pasado sábado 26 de octubre la Asamblea Interfacultades -de la cual participaron estudiantes y agrupaciones de la UTN y la UNA- convocaron a una tercera marcha para el próximo 12 de noviembre, una medida que deberá ser debatida por universidades de todo el país.
